Aviso legal

1. Datos identificativos

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa de los siguientes datos:

  • Titular: Congelados Fajardo S.L.
  • CIF: [pendiente de completar]
  • Domicilio social: Calle Toledo (Pol. Ind. Camporrosso), 1, Chinchilla de Monte-Aragón, 02520, Albacete
  • Teléfono: 967 213 116
  • Correo electrónico: info@congeladosfajardo.es
  • Sitio web: fajardolapuerta.com

2. Objeto y ámbito de aplicación

El presente aviso legal regula el uso del sitio web fajardolapuerta.com (en adelante, «el sitio web»), que Congelados Fajardo S.L. pone a disposición de los usuarios con el fin de informar sobre sus productos y servicios. El acceso y uso del sitio web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación de las condiciones aquí recogidas.

3. Condiciones de uso

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web, de conformidad con la legislación aplicable, la buena fe y el orden público. Queda prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos, o que de cualquier forma puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.

4. Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos del sitio web (textos, fotografías, imágenes, logotipos, marcas y demás elementos) son titularidad de Congelados Fajardo S.L. o de terceros que han autorizado su uso, y están protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. Queda prohibida su reproducción, distribución o comunicación pública total o parcial sin autorización expresa.

5. Exclusión de responsabilidad

Congelados Fajardo S.L. no se hace responsable de los daños derivados del uso indebido del sitio web ni de la información contenida en sitios web de terceros a los que pueda enlazar este sitio. Se procurará mantener la información actualizada, si bien no se garantiza la ausencia de errores.

6. Legislación aplicable y jurisdicción

Las presentes condiciones se rigen por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales que correspondan conforme a derecho.